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¿Qué es el Consejo Consultivo del Agua,

  y qué pretende obtener con su “Pacto Social por el Agua”?

De acuerdo a su página en internet, el Consejo Consultivo del Agua (CCA) presume ser la “Única organización de la sociedad civil del país dedicada exclusivamente a temas del agua,” una pretensión que desconoce la existencia y esfuerzos de una vasta gama de organizaciones en el país.  Ahora buscan convocar, desde su propio gremio, un “Pacto Social por el Agua.”

 

¿Cuáles intereses representan los integrantes del Consejo Consultivo del Agua?

 

Sus integrantes incluyen representantes de los siguientes grandes beneficiarios de las políticas del agua que han generado tantos daños al país durante los últimos 30 años:

Sector energético:

  • Jesús Reyes Heroles González Garza, anterior Secretario de Energía y Director de PEMEX. Socio de Morgan Stanley[1], empresa con intereses en la fracturación hidráulica[2].

  • Petrobal. Jaime Lomelín Guillén. Nueva empresa de energéticos del Grupo Bal.

 

Embotelladoras, y otros grandes usuarios del agua en cuencas y acuíferos sobreexplotados:

  • Constellation Brands, Edgar Guillaumin. Principal fabricante de cervezas en Norteamérica. Su proyectada fábrica, que ocuparía 20 mil millones de litros de aguas subterráneas al año en la zona declarada con grave déficit hídrica en Mexicali, ha provocado un enorme movimiento cívico. 

  • Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro. Principal beneficiario de la grave sobreexplotación de las cuencas y acuíferos de La Laguna.

  • Coca Cola de México, William Hidalgo.  Beneficiario privilegiado de concesiones de aguas nacionales en zonas en donde la población carece de acceso al vital líquido.[3]

  • Grupo Nestlé México, Marcelo Melchior

  • FEMSA, S.A. de C.V., Genaro Borrego Estrada. Dueños de la Coca Cola.

  • Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC)
    Raúl Domínguez. Principal gremio de las refresqueras.

  • Arca Continental Corporativo, Guillermo Garza Martínez. Productores de varias marcas de refrescos.

  • Cervecería Cuauhtémoc-Heineken, Arturo Astaburuaga

  • Grupo Modelo, Lic. Marcela Cristo Vaca

 

Privatizadores de sistemas municipales y metropolitanos:

  • Suez, Jordi Valls. Empresa privada concesionaria de sistemas y obras de agua más grande del mundo. Su contrato con el gobierno de Paris, su sede, no fue renovada debido a graves problemas detectados por auditores. Dueño de Aguas de Saltillo. Concesionario del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

  • Veolia, Carlos Fragoso Bernal. Empresa privada concesionaria de sistemas y obras de agua más grande del mundo. Su contrato con el gobierno de Paris, su sede, no fue renovada debido a graves problemas detectados por auditores. Concesionario del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

  • Aguas de México, José Miguel Gutiérrez Sainz. Concesionario del sistema de aguas de Puebla, en proceso de remunicipalización debido al alto costo, cobros indebidos y deficiente servicio.

  • Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. Arturo Jesús Palma Carro. Gremio nacional de empresas privadas que buscan concesiones a obras o sistemas de agua y saneamiento. La ASF ha documentado una serie de irregularidades con ANEAS, incluyendo la canalización de US$450 mil de recursos de la Conagua a la University of New Mexico para fundar el Centro David Korenfeld (la universidad cambió el nombre del centro debido a fuerte presión pública).[4]

 

Beneficiarios de contratos para megaobras hidráulicas:

  • Grupo Carso, S.A. de C.V., Carlos Slim Helú.  Encabeza consorcio a cargo del Túnel Emisor Oriente, obra asignada sin licitación ni proyecto ejecutivo, con un supuesto costo de $9.5 mil millones, la cual ha recibido hasta la fecha $51 mil millones de recursos públicos (vía presupuesto federales y Fideicomiso 1928). Encabeza también el consorcio al cual se concesionó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, con un costo de $9 mil millones, la mitad del cual fue subsidiado por recursos públicos, y la cual recibió $1000 millones adicionales de presupuesto federal 2019 para “costos de operación y mantenimiento.”

  • CEMEX, Lic. Juan Pablo García Garza. Principales beneficiarios de la actual política hídrica que favorece infraestructura “gris” (presas, acueductos, túneles, megaplantas de tratamiento).
     

Minería:

  • Grupo Bal y sus empresas mineras Peñoles, Fresnillo, Alberto Bailleres González.

 

¿Qué buscan obtener con su llamado “Pacto Social por el Agua”?

La página del Pacto[5] anuncia que: “La sociedad mexicana se adscribirá de manera voluntaria, informada, corresponsable y comprometida a los siguientes principios generales del Pacto Social por el Agua.” Un análisis de dichos “principios” revela las siguientes intenciones detrás de este simulacro de participación:

  1. Estos intereses pretenden erigirse, junto con sus invitados, como los representantes únicos de la “sociedad civil”, en un proceso que excluye a pueblos originarios, investigadores, núcleos agrarios y comunidades afectadas por la sistemática violación de sus derechos debido al marco legal e institucional de la Ley de Aguas Nacionales y de la Conagua durante sus 30 años de existencia.

  2. Buscan que se ignore la reforma constitucional del 8 febrero 2012 que mandata una nueva Ley General de Aguas, centrada en los derechos humanos, diseñada para lograr el acceso equitativo y sustentable a través de una amplia participación ciudadana. Sus principios hacen referencia vez tras vez a la necesidad de reformar y fortalecer la Ley de Aguas Nacionales, sin considerar en ningún momento los grandes consensos que se han ido generando en torno a la futura Ley General de Aguas.

  3. Defienden la autoridad centralizada de la Comisión Nacional del Agua. Los que buscan acaparar, sobreexplotar o contaminar el agua, y beneficiarse de grandes contratos y concesiones para operar obras hidráulicas, es más fácil “llegar a acuerdos” con una sola autoridad lejana, que con consejos democráticos que buscan el bien común de la cuenca potencialmente afectada.

  4. Buscan conservar el actual sistema de concesiones, del cual son los principales beneficiarios: no reconoce los derechos de los pueblos indígenas ni de los núcleos agrarios; permite la libre compra y venta de aguas nacionales; permite que los grandes contaminadores sigan teniendo acceso a aguas nacionales y no cuenta con ningún mecanismo para corregir la sobreexplotación, ni el acceso inequitativo.

  5. Buscan que el Plan Nacional Hídrico comprometa el presupuesto federal con el financiamiento de “obras de impacto regional o nacional”, cuando es comprobado que las obras locales de gestión de cuenca, y de tratamiento y reuso tienen muchos más beneficios a menores costos.

  6. Buscan un marco legal favorable a la plena entrada del sector privado en la gestión y control de los sistemas de agua y obras hidráulicas.

 

[1] https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-private-equity-and-jess-reyes-heroles-announce-partnership_dceea7cb-495a-40ab-904d-5b672faef863

[2] https://www.elfinanciero.com.mx/archivo/morgan-stanley-apunta-al-gas-shale

[3] https://www.nytimes.com/es/2018/07/16/chiapas-coca-cola-diabetes-agua/

[4] https://www.abqjournal.com/786058/former-water-chief-in-mexico-city-resigned-amid-public-corruption-scandal.html

[5] http://pactosocialagua.mx

 

¿Qué pretenden hacer las iniciativas de ley de aguas de Korenfeld, Pichardo et al?

 

¿Y si de todos modos aprueban la ley? 

Aunque nos impongan esta ley, durante y después del periodo electoral estaremos generando una ola capaz de lograr la aprobación de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas en octubre, la cual abrogaría y reemplazaría la ley Peña-Pichardo. 

 

¡La lucha sigue!  

Comparativo Ley Peña-pichardo, por tema, citando artículos